El Defensor del Pueblo ha emitido un informe alarmante en el que denuncia la grave situación de los servicios públicos en nuestro país. Según el informe, los servicios están saturados, los ciudadanos no pueden obtener citas y se enfrentan a años de espera para recibir atención. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Es imprescindible que las autoridades tomen medidas inmediatas para abordar esta problemática y asegurar que los servicios públicos sean accesibles y eficaces para toda la población.
Defensor del Pueblo denuncia colapso en servicios públicos: ciudadanos sin cita y largas esperas
El informe anual del Defensor del Pueblo, presentado este viernes, vuelve a poner el foco en la saturación de los servicios de atención al ciudadano de las administraciones públicas, la imposibilidad de conseguir una cita previa y los años de espera para realizar trámites que pueden marcar la vida de las personas. Son miles las quejas gestionadas por la institución por los problemas para presentar una solicitud de asilo o refugio, para lograr una valoración del grado de discapacidad, conseguir cita en el registro civil, homologar un título universitario extranjero o contar con atención personal para realizar gestiones tributarias o en los servicios de empleo.
Informe revela problemas en trámites públicos: saturación, falta de citas y retrasos
Según se reseña en el informe, en 2023 se han tramitado 2.500 quejas por problemas para obtener citas de protección internacional o para renovar la documentación, lo que lleva a muchas personas a perder el empleo, ver bloqueadas sus cuentas bancarias o no poder alquilar una vivienda. El Defensor califica también de fallido el sistema para reconocer el grado de discapacidad, con retrasos muy acentuados para la primera valoración o revisión de grado en varias provincias o comunidades autónomas.
Las quejas se han triplicado desde 2019 y, afirma la institución, con el paso del tiempo resulta más difícil comprender el hecho de que las administraciones competentes se vean incapaces de solucionar este problema, dotando adecuadamente de personal los equipos de valoración y orientación correspondientes. Necesidad de aumentar el personal. Especialmente grave es la situación que afrontan las personas que quieren homologar títulos universitarios extranjeros: en septiembre de 2023 había más de 70.000 expedientes pendientes de resolución, las solicitudes siguen creciendo y desciende el número de funcionarios dedicados a su tramitación.
Resulta inaceptable el mantenimiento de esta situación, afirma el Defensor, que subraya que decenas de miles de personas residentes en España deben esperar varios años para trabajar de acuerdo con su cualificación profesional, muchas de ámbito sanitario. Por otra parte, el informe vuelve a alertar del impacto de la brecha digital, denuncia la ausencia de atención presencial para realizar trámites tributarios y advierte de que se mantienen las deficiencias en el funcionamiento de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del servicio de concesión de cita previa.
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