ERC ha sorprendido al Senado al presentar una propuesta que busca un traspaso sin precedentes de inmuebles estatales a Cataluña. La iniciativa, que ha generado gran controversia, plantea que el Gobierno ceda el control de todos los bienes inmuebles de titularidad estatal en la comunidad autónoma. Esta propuesta, impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya, busca reforzar el autogobierno de Cataluña y reavivar el debate territorial en un momento de especial tensión política. La reacción de diferentes fuerzas políticas ante esta propuesta ha sido diversa, evidenciando la polarización existente en torno a la cuestión territorial en España.
ERC propone al Gobierno ceder inmuebles estatales a Cataluña para alojamientos sociales
El presidente y candidato de ERC a las elecciones catalanas, Pere Aragonés, ha llevado al Pleno del Senado una iniciativa en la que instan al Gobierno de Sánchez a traspasar a la Generalitat todos los inmuebles estatales en Cataluña, incluyendo viviendas y suelos en posesión de la Sareb, así como la reutilización de equipamientos estatales en desuso para crear alojamientos sociales.
Esta moción, de carácter no legislativo, se debatirá en el Pleno del Senado el miércoles, un día antes del inicio de la campaña electoral en Cataluña. Según el texto de la iniciativa, ERC busca obligar al Gobierno a ceder sin costes todos los inmuebles estatales en Cataluña, incluyendo la reutilización de equipamientos en desuso para la creación de alojamientos sociales.
Además, Pere Aragonés defiende en el Senado la importancia de la ley de amnistía, la financiación singular y el referéndum, considerándolos inevitables.
La propuesta también incluye la solicitud al Gobierno de que aplique de forma efectiva el sistema de índices de la ley de vivienda, incorporando el índice de precios catalán, con el objetivo de reducir aún más el precio medio del alquiler en áreas de mercado tensionado.
ERC desea que Cataluña regule el alquiler y garantice el respeto a las competencias de la Generalitat en materia de vivienda y derecho civil propio, incluyendo la regulación de contratos de arrendamiento, precios de alquiler, duración de contratos y prórrogas.
Otro punto relevante de la iniciativa es la creación de una transferencia directa de fondos a las comunidades basada en criterios como población, aportación al PIB estatal, precio medio del alquiler y tasa de sobreesfuerzo de las familias para el pago del alquiler, con el fin de acelerar el aumento del parque público de vivienda.
Finalmente, se solicita la transferencia a las comunidades autónomas que cuenten con convocatorias propias de ayudas y prestaciones para jóvenes de los recursos que el Estado destinaría al Bono Joven de Alquiler.
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