Madrid otorga a las personas con discapacidad un nuevo respaldo en los trámites judiciales en la comunidad autónoma
La Comunidad de Madrid ha dado un importante paso hacia la inclusión y accesibilidad al anunciar una serie de medidas destinadas a facilitar los trámites judiciales a las personas con discapacidad. Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos con discapacidad contarán con un nuevo respaldo que les permitirá ejercer sus derechos de manera más accesible y sencilla. Esta medida supone un avance significativo en la lucha contra la discriminación y la exclusión social, y demuestra el compromiso de la Administración autonómica con la igualdad de oportunidades.
Madrid otorga un nuevo respaldo a personas con discapacidad en trámites judiciales
La Comunidad de Madrid ha dado un paso importante hacia la garantía de la igualdad de trato para las personas con discapacidad en los procesos judiciales. El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto que regula la figura del facilitador judicial, que permitirá a las personas con discapacidad entender y ser entendidas en los juzgados.
Este Decreto constituye un hito en aras a garantizar la participación de la persona con discapacidad en plena igualdad dentro del proceso, según destaca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe. Con esta regulación, la Comunidad de Madrid se convierte en la primera región que formaliza legalmente este recurso público.
Un servicio de apoyo para personas con discapacidad
El servicio de facilitador judicial se incluye dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, la administración autonómica proporcionará formación a los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito para que puedan desempeñar esta función y proporcionen apoyo a las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier tipo de violencia.
Para ejercer como facilitador judicial, será necesario contar con la titulación en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional, así como con una formación específica en cursos de especialización con una duración mínima de 100 horas.
La normativa recoge la colaboración y asesoramiento especializado de entidades con una dilatada experiencia en la materia. En paralelo con esta regulación, desde la Comunidad de Madrid se contempla incluir a diez nuevos facilitadores, psicólogos y trabajadores sociales en las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha manifestado que espera que el Ministerio de Justicia y otras administraciones puedan implementar esta medida para que aquellas personas con discapacidad puedan desenvolverse con normalidad en los procesos jurídicos.
Con esta medida, la Comunidad de Madrid da un paso importante hacia la garantía de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas con discapacidad en los procesos judiciales.
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