Nueva ley andaluza simplifica trámites para impulsar la construcción de viviendas protegidas y promover la vivienda pública en la región
La comunidad autónoma de Andalucía da un paso adelante en la lucha contra la escasez de viviendas asequibles con la promulgación de una nueva ley que busca simplificar los trámites administrativos para la construcción de viviendas protegidas y fomentar la vivienda pública en la región. Esta iniciativa, que ha sido aprobada por el Parlamento andaluz, tiene como objetivo impulsar la oferta de viviendas asequibles y garantizar el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos de la comunidad autónoma. Con esta ley, se espera que se reactive la construcción de viviendas protegidas y se incremente la oferta de viviendas públicas en Andalucía, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a reducir la precariedad habitacional en la región.
Andalucía simplifica trámites para impulsar viviendas protegidas y públicas en la región
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de ley de vivienda de Andalucía, que tiene como objetivo construir más vivienda pública a precios asequibles en la región. Esta norma reducirá la burocracia y creará herramientas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha detallado que la norma se basará en varios ejes clave. Entre ellos, se encuentran la producción de suelo para la construcción de vivienda a precios asequibles, la creación de una bolsa de suelo disponible que el sector podrá consultar telemáticamente, la incorporación inmediata de suelos dotacionales al uso residencial, subvenciones a promotores tanto públicos como privados, y la creación de áreas prioritarias donde hay más dificultades de acceso a la vivienda.
Además, la norma buscará el equilibrio entre los inmuebles en venta y en alquiler y entre los distintos usos, apostando por el uso residencial habitual y permanente, y creando nuevas tipologías de alojamientos, como los temporales, para personas que se tienen que desplazar. La consejera ha aclarado que esta norma no regulará en ningún caso los pisos turísticos, cuya ordenación recae en los ayuntamientos a través del decreto autonómico aprobado en enero de este año.
Plan de choque para impulsar la vivienda y la actividad económica
Una de las claves de esta ley es el plan de choque que se implementará de manera inmediata y a cinco años vista para poner nuevos suelos y viviendas a disposición. Este plan permitirá construir VPO de alquiler en suelos terciarios, de uso turístico o dotacionales privados sin necesidad de acudir previamente a los instrumentos de ordenación urbanística de cada municipio, lo que agilizará la concesión de licencias.
Este plan de choque dependerá de que los consistorios se quieran acoger a él, toda vez que son las administraciones locales las que conceden las licencias de obras. La consejera confía en que este plan permita a la Junta poner en el mercado unas 20.000 viviendas públicas, el doble de las certificadas por el Ejecutivo entre 2019 y 2023.
Tras la aprobación del anteproyecto de ley, la norma se someterá a exposición pública, con previsión de que en marzo del próximo año pueda comenzar la correspondiente tramitación parlamentaria.
La consejera ha destacado que esta norma ha surgido del diálogo y del consenso, y que tiene como objetivo paliar las consecuencias de la norma estatal que no ha resuelto los problemas de vivienda. Con esta ley, la Junta de Andalucía busca impulsar la vivienda pública y asequible en la región, y promover la actividad económica y el empleo.
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