En un movimiento que busca revitalizar el sistema de pensiones públicas en España, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado una serie de reformas legislativas para impulsar los planes de pensiones públicos. Después de un año de congelación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido retocar la ley para fomentar la participación ciudadana en estos planes y garantizar una mayor seguridad para los futuros pensionistas. Con esta iniciativa, el gobierno busca revertir la tendencia negativa en la que se encontraban los planes de pensiones públicos y ofrecer una mayor protección a los ciudadanos españoles en su etapa de jubilación.
El Gobierno aprueba cambios en la normativa para impulsar el fondo de pensiones de empleo de promoción pública
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sometido a trámite de audiencia e información pública un borrador de real decreto que modificará el reglamento de planes y fondos de pensiones y la orden ministerial que recoge la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial.
El objetivo es superar las lagunas que han frenado el desarrollo del fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), que fue aprobado en julio del año pasado. El Gobierno admite que estas lagunas han frenado el desarrollo de la gran apuesta del ministro José Luis Escrivá.
Urgencia en la aprobación
La mejora reglamentaria que se propone es urgente, ya que sin dicha regulación no puede continuar la efectiva puesta en marcha de algunas disposiciones de la Ley. Por eso, se ha prescindido del trámite de consulta pública, aunque sí se ha remitido a audiencia de los agentes sociales.
Cambios clave
El real decreto haría posible que tanto la Comisión Promotora y de Seguimiento como la de Control Especial puedan solicitar asesoramiento jurídico en el ejercicio de sus funciones. También eliminaría la posibilidad de que los planes de pensiones prevean el pago de prestaciones a los jubilados parciales, y eliminaría la revisión anual de los planes que guarden un margen de solvencia con patrimonio no comprometido.
Además, incluiría la modificación de la Orden ISM/1198/2023 que recoge la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial, para puntualizar que estos solo tendrán derecho a los 3.375 euros brutos al mes que les corresponden cuando los fondos alcancen -y mantengan- un ahorro de 1.000 millones de euros.
Objetivo de 500 millones de euros
Las fuentes del equipo de la ministra Elma Saiz confían en que estos cambios se traduzcan en un impulso que lleve a sumar más planes al fondo de promoción pública y se avance hacia el objetivo de 500 millones de euros de ahorro que cada una de las entidades seleccionadas tenía que alcanzar en tres años.
El Ejecutivo de coalición confía en que este sea el último impulso que necesitan los vehículos de ahorro gestionados por VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Ibercaja Pensión y Santander Pensiones, registrados en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a mediados del mes de diciembre.
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