En un desarrollo sorprendente en el caso Mediador, el exdiputado y exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Tito Berni, se enfrenta a una pena de prisión de hasta dos años y medio por una pieza separada del caso de corrupción que sacudió la política española. Según fuentes judiciales, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que condena a Berni por delitos de cohecho y blanqueo de capitales, relacionados con la trama de corrupción que involucró a altos cargos del Partido Popular. La defensa de Berni ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, pero por ahora, el exdiputado se enfrenta a una posible estancia en prisión.
Tito Berni enfrenta dos años de cárcel por falsedad y delito contra la seguridad social
El exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, enfrenta una pena de dos años y medio de prisión por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y delito contra la seguridad social. La Fiscalía ha pedido esta pena en un escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Según la acusación, Tito Berni simularon un contrato de trabajo para beneficiar a Rachid Zankti, quien pretendía obtener la residencia en España. Para lograrlo, Berni se puso en contacto con su hijo, Domingo Fuentes Gutiérrez, para que elaborara un contrato ficticio que cumpliera con las exigencias legales para obtener la residencia.
La Fiscalía sostiene que, posteriormente, el contrato fue entregado a María Jesús Rodríguez de Ver, otra de las acusadas. Como consecuencia de este contrato ficticio, se dictó una resolución que concedía la autorización de residencia temporal y trabajo a Zankti.
Además, Zankti también recibió una prestación de 2.184,27 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, gracias a los tres meses de cotización a la seguridad social que se aportaron por la Ganadería Tetir en virtud del contrato de trabajo ficticio.
La Fiscalía también pide que se imponga a los acusados la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 3.000 euros. Además, solicita que los acusados indemnicen al Servicio Público Estatal de Empleo con 2.184,27 euros más los intereses legales devengados.
El caso se enmarca en el denominado caso Mediador, que investiga presuntos delitos de falsedad y contra la seguridad social.
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