La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación sobre la conocida empresa de reparto a domicilio, Glovo, por presuntos delitos contra los empleados al utilizar falsos autónomos. Esta noticia ha generado gran revuelo en el sector laboral, ya que se cuestiona la legalidad de las prácticas de la compañía y su impacto en los trabajadores. La polémica en torno al uso de este tipo de contratación ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de manera urgente la situación de los trabajadores precarios en el mercado laboral actual. La investigación en curso busca esclarecer si Glovo ha vulnerado los derechos laborales de sus empleados, lo que podría derivar en consecuencias legales significativas para la empresa.
Fiscalía de Barcelona investiga a Glovo por presuntos delitos laborales
La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación a Glovo tras recibir un informe de la Fiscalía General del Estado en el que la Inspección de Trabajo señala posibles delitos contra los derechos laborales de los empleados, según confirman fuentes judiciales. Este informe, detalla cientos de casos concretos en los que se considera que las personas deberían ser asalariadas, pero en la práctica operan como trabajadores autónomos.
Inspección de Trabajo señala irregularidades en la relación laboral de Glovo
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo apuntan a que Glovo podría estar vulnerando el Código Penal al no acatar los requerimientos para reconocer a sus repartidores como empleados con contrato. Se han identificado situaciones que ponen en entredicho la naturaleza de la relación laboral en la empresa, lo que ha motivado la apertura de esta investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona.
Glovo bajo la lupa judicial por posible empleo de falsos autónomos
La empresa Glovo se encuentra bajo escrutinio judicial ante la sospecha de que estaría empleando falsos autónomos en lugar de trabajadores asalariados, según revela el informe de la Inspección de Trabajo remitido a la Fiscalía. Esta práctica, de confirmarse, podría constituir un grave incumplimiento de las leyes laborales y un menoscabo de los derechos de los trabajadores.
Fuentes de la empresa han declarado no haber recibido información oficial al respecto, aunque se muestran dispuestas a entablar un diálogo con las autoridades y los agentes sociales pertinentes. Insisten en su disposición para mantener conversaciones abiertas y constructivas con las instancias correspondientes.
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